En tan sólo unas pocas semanas la tormenta tropical que las oligarquías y el Estado narcoparamilitar colombiano han tratado de evitar hace tiempo, recurriendo a todo tipo de subterfugios legales, fraudes y masacres, acabará por transformarse en un potente tsunami que amenaza con desarbolar el complejo y criminal entramado del Uribismo que ha convertido al país en una pesadilla para su población y marcado uno de los periodos más trágicos de Colombia desde su proclamada Independencia.

Cuando en el futuro se realicen estudios sobre la naturaleza del régimen uribista y el stablishment colombiano y su modus operandi, además de la sorpresa por las profundas injusticias y el mal generado a tanta gente en tan breve plazo histórico, podrán analizarse las innumerables trampas y artimañas para evitar a cualquier precio el cambio político en el país y la aceptación de la voluntad mayoritaria de sus habitantes expresada en las urnas.

Ya en las elecciones presidenciales de 2018 la ultraderecha se autoproclamó vencedora tras la compra masiva de votos con dinero del narcotráfico y de la oligarquía rural, la falsificación de miles de actas electorales en los puntos de votación y el manejo sin supervisión del software desde el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría y la Procuraduría, todos ellos al servicio del propio gobierno. Con el Acuerdo de Paz todavía caliente (2016), la violencia directa no fue el principal elemento de coacción de los grupos del entorno del candidato de Uribe, Iván Duque.

Ahora, para las Legislativas de marzo y las presidenciales de mayo/junio del 2022, el Cartel formado por las élites todopoderosas del país (terratenientes, ganaderos, sector financiero y exportadores, principalmente), las familias del narcotráfico, los numerosos grupos paramilitares y parapoliciales, los clanes de políticos corruptos que forman la mayoría parlamentaria y gubernamental y los mandos del Ejército, la policía y el Poder Judicial que trabajan a las órdenes de Uribe, han puesto en marcha sus maquinarias sangrientas, sus desvíos de dinero ilegítimo y sus maniobras mediático-judiciales para intentar impedir el verdadero tsunami de hartazgo popular y de exigencia de cambios profundos y de largo recorrido que se avecina en Colombia.

A las tres prácticas mencionadas ya utilizadas en el 2018, el ingenio de los aliados del “Matarife” (nombre del “innombrable”, del expresidente de Colombia) ha añadido un gigantesco y paradigmático sistema de fraude electoral que pasa, en primer lugar, por la modificación de la Ley de Garantías que hasta ahora impedía la utilización de fondos estatales para sufragar obras públicas y campañas en los departamentos seis meses antes de elecciones, dinero ahora utilizado en la compra de votos por las llamadas “maquinarias” repartidas por todo el territorio nacional.

En segundo lugar, las Elecciones en Colombia han sido privatizadas. El Estado ha otorgado a la oscura multinacional española de la Seguridad y la fabricación de armamento, INDRA, la gestión completa del software del escrutinio y conteo de votos en las Elecciones al parlamento y la presidencia, troceando en 7 algoritmos diferentes el proceso e impidiendo, bajo diversas excusas formales, la supervisión de los mismos por parte de veedores internacionales o de los partidos opositores. Indra es una empresa ligada al principal grupo mediático en lengua hispana a nivel mundial, PRISA, que controla a su vez Caracol Radio y W Radio, emisoras que reúnen el 45% de la audiencia de radio. El principal multimedia español combina su influencia con el grupo Planeta, poseedor de la mayoría accionarial en el periódico más importante del país, “El Tiempo” vinculado a la familia del expresidente Santos.

En tercer lugar se han incrementado las acciones represivas y violentas tanto de los Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas, como de los grupos paramilitares, con el objeto de amenazar y eliminar a lideres sociales y opositores en pleno escenario preelectoral y de incrementar la inseguridad en los territorios del conflicto bélico con acciones contra las guerrillas, como en el Cauca y otras zonas calientes. Sobre el gobierno colombiano pesa todavía un trágico balance de más de 80 asesinatos y 300 desaparecidos con motivo de la insurrección popular ligada al Paro Nacional de abril pasado, denunciado por los organismos internacionales de Derechos Humanos, sin hasta el momento investigación ni resultados policiales o judiciales clarificadores.

La llamada “Cláusula Petro”. Un cuarto subterfugio, ya utilizado en otras dictaduras del Cono Sur con frecuencia, es el de generar el llamado “pánico económico”, teóricamente ilegal e ilegítimo pero que amenaza una vez más en Colombia (sin instituciones que lo persigan) a la transparencia y garantías del proceso electoral y, por ende, a la propia Democracia. Según la prensa se están suscribiendo determinadas estipulaciones en los contratos comerciales del país por las que se suspenderían o cancelarían las operaciones o inversiones nacionales o extranjeras en el caso de triunfo de Petro y su Pacto Histórico. Es un sofisticado y grotesco caso de delito electoral, uno más en la cuenta.

A todo ello hay que añadir la tergiversación y manipulación diaria y sistemática en los medios tradicionales de comunicación, en manos de las élites uribistas y familias afines al expresidente Santos, y el incremento de las fakenews de las derechas ultras en las Redes Sociales, motivo por el cual, por ejemplo, la campaña de las izquierdas ha invertido sus escasos fondos en la difusión de un periódico en papel por cada circunscripción para hacer llegar sus propuestas y candidatos directamente a la población.

En resumen que, a pesar de todas las maniobras del Estado narcoparamilitar colombiano y de los poderes fácticos que lo apoyan y se enriquecen con él, las plazas y estadios de Colombia se llenan cada día hasta la bandera para escuchar y vibrar con la presencia de Petro, Francia Márquez y las restantes figuras de la Coalición del Pacto Histórico.

El próximo 11 de febrero se producirá el acto de posesión de Gabriel Boric como nuevo Presidente de Chile, llenando de nuevo las Alamedas de la capital, un reflejo de la voluntad de un Pueblo expresada primero en la calle y después en las urnas. Un triunfo imprevisto que ha supuesto el principio del fin de un nefasto sistema Neoliberal que tuvo en este enclave andino, por medio de un golpe de Estado, la primera experiencia de implementación de esta degeneración del Capitalismo que se extendió al resto del planeta con la globalización y el aniquilamiento de los Estados del Bienestar y los Derechos Humanos.

Justamente lo que dos días después, 13 de marzo, sucederá con toda probabilidad en Colombia y que se repetirá posteriormente en mayo y junio, cuando el tsunami de la voluntad popular arrase las estructuras de un establishment putrefacto y anclado en la profunda violencia, desigualdad y saqueo. El futuro de América Latina y de las izquierdas en buena medida se está jugando ahora en Colombia. Demos desde Podemos todo nuestro apoyo al proceso de cambio y aprendamos de las lecciones de este esperanzador triunfo del pueblo colombiano.

Miguel Ángel Ferris es militante de Colombia Humana y Podemos Exterior.

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