Con la reciente destitución del diputado Alberto Rodríguez, exsecretario de organización de Podemos y figura relevante en el Parlamento español, se concluye una operación largamente planificada contra la libertad de voto de la ciudadanía, a quienes los poderes fácticos del país (y Vargas Llosa) niegan su capacidad de “elegir bien”.
Desde la “reconciliación” de Sánchez con Felipe González y su lobby de barones del partido en el pasado Congreso de Valencia, se han venido produciendo, a la vista de las nuevas propuestas y logros de Podemos y en respuesta a la iniciativa de Yolanda Diaz de constituir un Frente Amplio de las izquierdas, una serie de señales de fondo que denotan una intensificación de la campaña de Lawfare que los brazos judicial y mediático ya ejecutaron con frialdad en la convocatoria electoral de Madrid.
Desde la muerte cerebral y política de Ciudadanos, las élites económicas del Ibex35 buscan una nueva estrategia en todos los frentes para impedir una nueva coalición de izquierdas o la prolongación de la actual, la cual conlleva indefectiblemente a la derogación de su apreciada Reforma Laboral y de la Ley Mordaza que tanto nos aleja de Europa, y nos acerca a Polonia y Hungría.
Tras los escándalos de destitución de dirigentes de Gobiernos progresistas en América Latina (Dilma Rouseff, Correa, Kirchner, Fernando Lugo, etc ) o de derrocamiento con “Golpes blandos” (Bolívia, Honduras, etc), las élites globalizadas, con intereses a uno y otro lado del charco, cuentan ya en la exmetrópoli colonial, nuestro país, con partidos como VOX a quienes financian para actuar de mercenarios, complotistas y agitadores protegidos en la región. Existen muchos intereses a proteger y la “seguridad”, para ellos, es lo único que importa, impasibles ante un escenario pospandémico de aumento de la pobreza extrema y agotamiento de recetas neoliberales en curso.
Son estos momentos transcendentales para el devenir histórico y la conquista de Derechos de nuestra ciudadanía, precísamente cuando la defensa de la verdadera Democracia, en grave peligro en España por su cuestionamiento e indisimulada negación por los tradicionales “poderes fácticos” que monitorearon la Transición, nos obliga a un ejercicio de unidad de todas las fuerzas de izquierdas con presencia ciudadana e institucional, sin exclusiones.
Parar el golpe, blando, judicial o de la modalidad que elijan, es una prioridad ante la que Podemos va a responder desde una Primera Línea de la política y, si es necesario, desde la movilización. ¡Sí se puede!
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